• Un hombre logró demostrar la infidelidad de su pareja gracias a las imágenes de su robot aspirador, obteniendo el respaldo de un juez en su demanda. Sin embargo, el resultado fue inesperado: el demandante terminó en prisión debido a que grabó imágenes privadas sin el consentimiento de la otra persona, un detalle legal que no previó.

Las cámaras integradas en los robots aspiradores permiten trazar mapas precisos de cada habitación, esquivar cables en el suelo, sortear obstáculos y evitar atascos bajo los muebles.

Con la consolidación del Internet de las Cosas y las apps móviles, muchos fabricantes añadieron la transmisión de vídeo en directo para que los propietarios pudieran ver a sus mascotas o comprobar el estado de la vivienda mientras estaban fuera.

Precisamente por eso, estos dispositivos también plantean dudas sobre privacidad cuando dejan de utilizarse para limpiar y pasan a observar lo que ocurre dentro de la casa.

Sin embargo, un hombre encontró en este aparato de limpieza un uso insólito al transformarlo en un equipo de vigilancia encubierto dentro de su propio hogar, según informa South China Morning Post.

Ante la sospecha de que su esposa le era infiel, decidió manipular a distancia la cámara y el micrófono, y el electrodoméstico grabó conversaciones y encuentros íntimos que confirmaron la infidelidad.

Tener el dispositivo no daba permiso para grabar

No obstante, el hecho de que el robot perteneciera al marido o estuviera dentro de su propia vivienda no significaba que pudiera utilizar sus sensores para grabar en secreto a las personas que se encontraban allí.

La justicia consideró que activar cámaras o micrófonos ocultos para captar conversaciones e imágenes privadas sin consentimiento vulneraba el derecho a la intimidad y podía constituir una interceptación ilegal de comunicaciones.

Aunque las imágenes podían servir para demostrar que la infidelidad había ocurrido, al final, el método empleado para conseguirlas podía ser ilegal.

Así que, una cosa era la existencia de la relación y otra, completamente distinta, la legitimidad de la vigilancia utilizada para demostrarla, por lo que el marido grabó sin consentimiento de su pareja.

La infidelidad no evitó la condena

El proceso terminó teniendo consecuencias para el propio hombre, ya que, aunque había conseguido pruebas sobre la conducta de su esposa, incluso ganó la demanda y más de 16,000 euros, terminó enfrentándose a una condena penal por la manera en la que las obtuvo.

Ante esto, el tribunal multó al hombre con 150.000 dólares taiwaneses, unos 5.000 euros, además de cinco meses de prisión. El caso demuestra que una prueba no se vuelve automáticamente válida por confirmar una sospecha.

La obtención de información dentro de un espacio privado está sometida a límites legales, incluso cuando quien instala o controla el dispositivo considera que tiene motivos personales para hacerlo.

También deja una advertencia clara sobre los aparatos conectados que tenemos en casa. Un robot aspirador puede incorporar capacidades que van mucho más allá de desplazarse por el suelo y recoger polvo.

Cámara, micrófono, conexión remota y acceso desde una app convierten estos productos en dispositivos capaces de captar información del entorno. El problema no es que esas funciones existan, sino cómo se utilizan.

En este caso, la tecnología permitió descubrir una situación que el propietario quería confirmar, pero también convirtió esa investigación privada en un problema para quien decidió llevarla a cabo.