Europa critica los bloqueos contra la piratería en España y LaLiga, cuestionando su proporcionalidad y proponiendo adoptar el modelo italiano.

• El Parlamento Europeo ha emitado un informe donde analiza las estrategias contra la piratería, señalando a España y LaLiga como referentes negativos. La Unión Europea ha manifestado sus serias dudas sobre si los bloqueos de IP aplicados en España son realmente necesarios y proporcionales, sugiriendo que se debería adoptar el modelo italiano en su lugar.

Tras meses de polémica por los bloqueos de IP que se aplican en España para evitar la piratería de competiciones deportivas como el fútbol, un grupo de expertos financiado por Europa ahora ha cuestionado estas prácticas y ha propuesto otro tipo de medidas contra las IPTV ilegales.

Esto es lo que se extrae de una investigación publicada recientemente que ha encargado el Departamento de Políticas de Justicia, Libertades Civiles y Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo y que ha realizado Giovanni Maria Riccio, profesor de Derecho Comparado en la Universidad de Salerno (Italia).

En el documento se analiza al detalle la situación de la piratería de contenidos en directo en Europa, centrada sobre todo en las emisiones ilegales de deportes como fútbol a través de servicios de IPTV y otras aplicaciones similares.

Pero más allá de hablar sobre la piratería, lo interesante del estudio es que analiza las medidas que se están tomando en diferentes países europeos (Italia, Francia, Alemania, España, Países Bajos y Bélgica) para ver cuáles son más efectivas y cuáles dan problemas a nivel legal.

Y es en este punto donde este informe encargado por el Parlamento Europeo es muy duro con el sistema de bloqueos basado en direcciones IP que ocurre en España, muy criticado por quienes afirman que en los días de partidos de LaLiga, el rendimiento de páginas web y servicios legítimos también resulta afectado.

El profesor Riccio da credibilidad a otro estudio realizado por el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI), que después de analizar 9,2 millones de dominios web, detectó que el 5,8% de servicios legítimos tuvieron algún tipo de impacto por los bloqueos durante partidos. Previamente LaLiga se ha mostrado en desacuerdo con este informe por ser "carente de viabilidad y validez".

Según la investigación del Parlamento Europeo, el bloqueo de IPs en infraestructuras compartidas como Cloudflare, Amazon, Squarespace, Akamai y Microsoft tuvo un "alcance desproporcionado" que afectó también a recursos legítimos de todo tipo, como "ONGs, medios de comunicación, portales gubernamentales y plataformas de mensajería".

"Desde un punto de vista jurídico, esto suscita serias dudas sobre la necesidad y la proporcionalidad de las medidas de bloqueo, tal y como exige la legislación de la UE, especialmente cuando las restricciones afectan al acceso a la información y a los servicios esenciales", como sostiene la nueva investigación.

"La correlación temporal entre la activación de los bloqueos y los horarios de los partidos de la LALIGA refuerza aún más la conclusión de que estas medidas están dirigidas específicamente a las franjas horarias de retransmisión de fútbol, pero provocan un bloqueo excesivo y sistemático de contenidos que no infringen la ley", apostilla Giovanni Maria Riccio.

Europa prefiere el modelo italiano contra la piratería

Pese a las críticas al modelo español, el estudio reconoce el problema de piratería que existe en la actualidad y destaca la necesidad de aplicar una normativa más dura a nivel europeo para bloquear las emisiones ilegales de eventos en directo como partidos de fútbol.

El experto propone como el más adecuado en Europa en este momento el modelo que se está aplicando en Italia, conocido como Privacy Shield, en el que se llevan a cabo órdenes de bloqueo dinámicas que se aplican en minutos durante la emisión del propio evento.

Pese a su rapidez, estas órdenes son de cumplimiento obligado para todos los proveedores de internet, desde DNS, CDN y VPN hasta proveedores de alojamiento, ya que cuentan con medidas de supervisión de las autoridades y mecanismos para evitar los sobrebloqueos cuando estos pueden afectar a los derechos de la población, según el informe.