Bill Gates ha planteado diversas estrategias para reducir los efectos negativos de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Entre sus propuestas destaca la posibilidad de aplicar impuestos al uso de tokens o restringir ciertas tareas exclusivamente a personas humanas.

El objetivo de estas medidas sería recaudar fondos para financiar ayudas sociales y desarrollar planes de formación y reconversión profesional para aquellos trabajadores desplazados por la automatización tecnológica.

Bill Gates plantea dos medidas para reducir el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y propone gravar el uso de los modelos de IA y reservar determinados puestos de trabajo exclusivamente para personas, con el objetivo de afrontar las consecuencias económicas de una automatización cada vez más extendida. El cofundador de Microsoft afirma que la recaudación permitiría financiar ayudas sociales y programas de formación para quienes pierdan su trabajo, mientras que la protección de ciertas profesiones limitaría la sustitución de trabajadores por máquinas allí donde la intervención humana siga siendo necesaria.

Durante un paseo por la Royal Society de Londres, el empresario explicó a The Observer por qué considera necesario revisar las reglas económicas que acompañan al desarrollo de esta tecnología. A su juicio, las empresas tienen incentivos para sustituir trabajadores cuando la automatización les permite reducir costes, pero esa decisión también puede tener consecuencias para el conjunto de la sociedad. Además, advierte de que el cambio no afectará únicamente a las tareas administrativas o intelectuales, ya que los avances en robótica podrían extenderlo progresivamente a los trabajos físicos.

Cómo funcionaría el impuesto a los tokens de inteligencia artificial

Una de las propuestas de Bill Gates consiste en aplicar impuestos a los tokens que las empresas utilizan al trabajar con modelos de inteligencia artificial. Los tokens son unidades de información que los sistemas procesan al recibir instrucciones y generar respuestas, y muchos proveedores cobran por su consumo. Por tanto, la idea sería utilizar esa actividad económica como una posible base fiscal, de modo que parte del dinero generado por la IA contribuya a sufragar los costes asociados a sus consecuencias laborales.

El planteamiento responde a un problema que puede agravarse a medida que las compañías automaticen más procesos. Y es que si necesitan menos empleados para producir los mismos bienes o servicios, los ingresos públicos vinculados al trabajo podrían reducirse, mientras aumenta la demanda de ayudas y de formación para facilitar que los afectados encuentren otra ocupación. Gates considera que el sistema debe adaptarse para evitar que los beneficios de la automatización queden en manos de las empresas mientras los costes recaen sobre los trabajadores y las administraciones. La medida, sin embargo, requeriría definir cómo se aplicaría el impuesto y qué actividades quedarían sujetas a él.

¿Qué trabajos deberían seguir reservados a las personas?

La segunda medida del empresario consiste en establecer determinadas actividades que no puedan sustituirse libremente por sistemas automatizados. Bill Gates propone estudiar qué puestos deberían permanecer en manos humanas, una decisión que obligaría a valorar tanto las consecuencias económicas como la importancia del contacto personal. Los cuidados, la educación y ciertas tareas sanitarias permiten ilustrar el debate, aunque no constituyen una lista definitiva de profesiones que deban quedar protegidas.

La urgencia de estas decisiones también aparece en las previsiones sobre el mercado laboral, donde Gates considera que durante los próximos cuatro años empezará a hacerse más visible el impacto de la IA en el empleo. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional calcula que cerca del 40 % de los puestos de trabajo del mundo está expuesto a esta tecnología, aunque eso no significa que todos vayan a desaparecer, puesto que algunos pueden transformarse o beneficiarse de ella.

Las propuestas abren así un debate que va más allá de la capacidad técnica de automatizar tareas, y donde los gobiernos tendrán que decidir cómo distribuir los beneficios de la IA, qué actividades requieren una presencia humana y cómo financiar la transición profesional. Así que convertir esas ideas en medidas eficaces exigirá resolver cuestiones fiscales y laborales complejas, sin frenar las aplicaciones que pueden mejorar la productividad y las condiciones de vida.