La Unión Europea combate las prácticas abusivas en el entorno digital

• La Comisión Europea ha impulsado la Ley de Equidad Digital, una iniciativa diseñada para frenar los métodos engañosos utilizados por aplicaciones, comercios electrónicos y videojuegos. Esta normativa busca prohibir específicamente las cajas de botín dirigidas a menores y eliminar las suscripciones engañosas que resultan sencillas de activar pero extremadamente difíciles de dar de baja.

La Comisión Europea ha presentado este miércoles la propuesta de Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), la reforma con la que Bruselas quiere poner coto a las trampas con las que apps, tiendas online y videojuegos llevan años vaciando bolsillos: cajas de botín para menores, suscripciones fáciles de contratar y casi imposibles de cancelar, precios dinámicos opacos y diseños pensados para engancharte. Es, en palabras del comisario de Protección de los Consumidores, Michael McGrath, «la reforma más ambiciosa de las normas de protección de los consumidores de la UE en una generación».

Estado del texto: es una propuesta que acaba de nacer. Pasa ahora al Parlamento Europeo y al Consejo, donde le espera una negociación larga, y hasta que ese trámite termine nada cambia en tu móvil. La dirección, eso sí, ya está marcada y afecta a cualquiera que use una app.

También importa la forma: la propuesta convertiría la directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales de 2005 en un reglamento de aplicación directa e idéntica en los 27 países. Se acabó eso de que cada Estado interprete lo suyo: una misma vara de medir para cualquier empresa que venda a consumidores europeos, esté donde esté.

Las cajas de botín, fuera del alcance de los menores

El golpe más directo es para el videojuego. La propuesta prevé prohibir a los menores de 18 años las mecánicas que imitan al juego de azar: las cajas de botín de pago, esos sobres virtuales con premio aleatorio, y también las fórmulas de pago para ganar (pay-to-win) y de pago para avanzar. Las monedas virtuales, el gran truco contable del sector, deberían mostrar su valor en euros reales en el momento de la compra y quedarían desactivadas por defecto para los menores.

España ya ensayó este camino por su cuenta y no llegó a puerto: el Consejo de Ministros aprobó en 2024 un anteproyecto de ley con prohibición expresa de las cajas de botín para menores, pero el proyecto quedó caducado en el Congreso y esa prohibición nunca llegó a estar en vigor. Si la Ley de Equidad Digital tira adelante, la obligación llegaría por vía europea y para todos los Estados miembros a la vez.

El fin de las suscripciones trampa

Las suscripciones se llevan el otro gran capítulo. La propuesta exige que cancelar sea tan fácil como contratar: se acabaron las pruebas gratuitas que se convierten en cargo sin tu aceptación expresa, habrá avisos antes de cada renovación automática y, ojo a esto, derecho a hablar con un humano en atención al cliente. También prevé reglas claras para cuando un agente de IA compre en tu nombre, un terreno que hasta ahora era de nadie.

Y luego está cómo está diseñada la propia app. La propuesta veta de entrada los patrones oscuros, esos trucos de interfaz que te empujan a decidir contra tu propio interés, y crea una lista negra de prácticas prohibidas siempre, ampliable por la Comisión sin reabrir la ley: falsos avisos de «quedan dos unidades», casillas premarcadas, productos que se cuelan solos en el carrito o botones de rechazo redactados para avergonzarte.

Hay más: el usuario podría desactivar las funciones de diseño adictivo, como el autoplay de vídeos o las notificaciones que no responden a su actividad. Y frente a los precios dinámicos en conciertos y deporte, las colas virtuales tendrían que mostrar el precio actual y el máximo posible en tiempo real; en la reventa de entradas, el precio original, la fila y el asiento.

Los influencers tampoco se libran: tendrían que etiquetar claramente cuándo cobran por hablar de un producto, y las marcas y agencias que hay detrás responderían si no lo hacen. Quedaría vetado presentar como apto para menores lo que no lo es. Además, las prohibiciones que el Reglamento de Servicios Digitales impuso a las grandes plataformas (nada de anuncios personalizados a menores ni segmentación por datos sensibles como salud o ideología) se extenderían a todas las webs y apps.

Multas de hasta el 6 % de la facturación mundial

Para que todo esto no se quede en papel, Bruselas reforma en paralelo el reglamento de cooperación en protección del consumidor (CPC): la Comisión podría investigar por sí misma los grandes casos europeos y multar con hasta el 6 % de la facturación mundial de la empresa infractora. Las compañías de fuera de la UE que vendan aquí necesitarían un representante legal en territorio europeo, algo con lo que la UE ya viene presionando a plataformas como Temu, investigada por la venta de productos ilegales.

La Comisión calcula que el paquete ahorraría a los consumidores europeos hasta 13.700 millones de euros al año. Queda por ver cuánto del texto sobrevive a la negociación que empieza ahora entre el Parlamento y los gobiernos; la experiencia dice que las rebajas llegarán. Pero la dirección ya no admite discusión: después de años persiguiendo trampa a trampa, Bruselas intenta cambiar las reglas del juego por vía reglamentaria. Si el texto sale adelante, las trampas de diseño con las que se construyó buena parte de la economía de la atención serían ilegales en toda Europa a la vez.

Más información | Comisión Europea (nota de prensa oficial)