Ocho víctimas del escándalo del software espía Predator en Grecia han demandado a la empresa Intellexa y a 13 personas vinculadas, solicitando un millón de euros cada una por daños morales. El proceso busca la rendición de cuentas de quienes desarrollaron y distribuyeron este programa, que fue utilizado para hackear a periodistas y funcionarios entre 2020 y 2021. Aunque el gobierno griego niega su implicación, el caso ha generado fuertes llamadas para que la Unión Europea investigue estos ataques ilegales.

En febrero de este año Grecia abrió la veda para las multas de 750 euros a los usuarios que utilizan las IPTV para reproducir contenido pirata. Lina Mendoni, Ministra de Cultura de Grecia, declaró que un sistema de multas dirigido a los usuarios finales complementaría los bloqueos a las IPTV.