El Departamento del Tesoro de EE. UU. excluyó al exchange de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero estadounidense por evadir sanciones y vínculos con el cibercrimen. Se le acusa de facilitar transacciones ilícitas por 16,000 millones de dólares relacionadas con Rusia, Irán y Corea del Norte debido a fallos en sus controles antilavado de dinero. En respuesta, MEXC afirmó que sus activos están seguros y ha iniciado una revisión independiente de sus políticas de cumplimiento.

Una investigación reveló que dos empresas chinas autorizadas para comprar chips de IA de Nvidia tienen oficinas vacías y vínculos con proveedores militares sancionados por EE. UU. Esto ha generado críticas hacia el Departamento de Comercio por presuntamente aprobar licencias sin la debida diligencia. Se sospecha que estas firmas actúan como intermediarias para evadir restricciones tecnológicas.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a ocho miembros de la banda venezolana Tren de Aragua por robar más de 40 millones de dólares mediante ataques de *jackpotting* (malware) en cajeros automáticos. Entre los señalados destaca Aníbal Canelón Aguirre, presunto creador del malware Ploutus y fugitivo del FBI. Esta acción forma parte de una campaña gubernamental que ya ha imputado a casi 100 sospechosos vinculados a esta organización criminal.

El Departamento de Justicia de EE. UU. desmanteló Xinbi Guarantee, un mercado ilícito en Telegram que facilitaba estafas y lavado de dinero para organizaciones criminales chinas. La operación resultó en la incautación de 52.8 millones de dólares en criptomonedas y el cierre de 13 centros de estafas en Madagascar. Además, el Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a medios chinos vinculados a estas actividades fraudulentas.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. lanzó la Operación Economic Outcast, imponiendo sanciones a casi 60 entidades y personas vinculadas a Irán para cortar su financiamiento global. La medida apunta especialmente a grupos de hackers del MOIS y el Instituto Mabna, responsables de ataques a infraestructuras críticas estadounidenses y robos de criptomonedas. El objetivo es aislar financieramente al régimen iraní y combatir sus campañas de ciberespionaje y guerra informativa.

Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han impuesto sanciones a individuos, servicios de VPN y redes rusas por facilitar ataques de ransomware y ciberespionaje. Estas acciones buscan desmantelar infraestructuras que ocultan la identidad de criminales y protegen software malicioso. Además, se advirtió sobre el uso de routers vulnerables por parte del FSB ruso para infiltrarse en infraestructuras críticas globales.

El Reino Unido y la UE atribuyeron un ciberataque contra la red eléctrica de Polonia al servicio de inteligencia ruso FSB, alertando sobre el riesgo para infraestructuras críticas. Ante esto, emitieron recomendaciones técnicas de seguridad y aplicaron nuevas sanciones a individuos y entidades rusas vinculadas a estas operaciones. Asimismo, se advirtió sobre el uso de cámaras IP comprometidas por Rusia para espionaje militar en Europa.

El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó la infraestructura de nube de HuiOne Group, un conglomerado camboyano vinculado al lavado de miles de millones de dólares provenientes de estafas cibernéticas. Esta organización operaba un mercado ilícito donde se vendían herramientas de fraude, datos robados y equipos para torturar personas en centros de estafas. Simultáneamente, el Tesoro estadounidense impuso sanciones a individuos y entidades relacionadas con Prince Group por su papel en el crimen transnacional.

La oficina OFAC de EE. UU. sancionó a Nobitex y otras tres plataformas de criptomonedas iraníes por facilitar pagos vinculados al terrorismo y al Cuerpo de Guardianes Revolucionarios Islámicos (IRGC). Estas entidades habrían ayudado al gobierno de Irán a evadir sanciones económicas y a estabilizar su moneda mediante el uso de stablecoins. Como resultado, sus activos en jurisdicción estadounidense han sido congelados y se prohíben los negocios con ellas y sus directivos.

 El Tribunal General Europeo confirma en gran parte la decisión de la Comisión que declaró que Google había impuesto restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos móviles Android y a los operadores de redes móviles con el propósito de consolidar la posición dominante de su motor de búsqueda.