En 2020 la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, por sus siglas en inglés) abrió una investigación a Google a raíz de varias quejas de organizaciones europeas de defensa de los derechos de los consumidores, en relación con el tratamiento de datos de localización de los usuarios en los servicios y productos de la compañía estadounidense. Las protestas tenían su razón de ser, ya que la investigación se ha cerrado con una multa a Google de 403 millones de euros por infringir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La investigación tenía como objetivo examinar el tratamiento que Google hacía de los datos de localización en tres funciones específicas: Actividad en la web y en aplicaciones, Historial de ubicaciones y Precisión de la ubicación, entre la fecha de la aplicación del RGPD, el 25 de mayo de 2018, y el 4 de febrero de 2020. Tras completar sus pesquisas, la DPC llegó a la conclusión de que Google incumplió varias normas del RGPD en lo que respecta a legalidad, transparencia y responsabilidad en el tratamiento de los datos de localización de los usuarios.

Además de multas administrativas por un total de 403 millones de euros, la DPC ha ordenado a Google que adapte su procesamiento de datos a la normativa en un plazo de seis meses. Respecto a la sanción en sí, es una de las más altas que se han impuesto desde la implantación del RGPD.

"Los datos de ubicación son datos personales que se procesan mediante el seguimiento de la ubicación e incluyen datos recopilados o tratados por Google, que por sí solos o en combinación con otra información permiten deducir la ubicación de un individuo", dice Graham Doyle, comisionado adjunto de la DPC. "Los datos de ubicación pueden aportar tanto beneficios como perjuicios a las personas. Pueden mejorar considerablemente la utilidad de los servicios en línea, pero también pueden revelar una cantidad significativa de información sobre un particular e incluso información que es inherentemente privada".

La DPC dice que el RGPD establece un alto nivel de protección para los datos personales en todo el Espacio Económico Europeo y exige que su tratamiento se realice dentro de la legalidad, con transparencia y responsabilidad. Google incumple la normativa y, según la DPC, su forma de tratar los datos podría llevar a algunas personas a desconocer que su ubicación se utiliza para influir en ellas con anuncios o para conocer sus intereses. Además, asegura que los usuarios podrían perder el control sobre sus datos personales y que el almacenamiento de estos datos durante más tiempo del necesario agravó el caso.

La BEUC, una de las organizaciones europeas de consumo que presentaron una queja ante la DPC, dice que la decisión del regulador irlandés es "una buena noticia para los consumidores", ya que responsabiliza a Google y confirma que la forma en la que obtuvo el consentimiento para usar los datos de localización era ilegal. Sin embargo, la BEUC lamenta que hayan tenido que pasar casi ocho años para llegar a esta conclusión. La organización sostiene que Google lleva años rastreando a cientos de millones de consumidores europeos para obtener la mayor cantidad de información posible de ellos, y que los datos de ubicación pueden ser muy sensibles.