La Comisión Europea acusa a Meta de abuso de posición dominante al bloquear chatbots de IA de terceros (como ChatGPT o Copilot) en WhatsApp Business y exige su reactivación para fomentar la competencia.

 Un activista del Reino Unido demanda a Valve con una demanda de 903 millones de dólares — alega que Steam abusa de su dominio en el mercado y obliga a los consumidores británicos a pagar demasiado por los juegos de Steam 

 Meta ha superado un desafío existencial para su negocio que podría haberle obligado a separar WhatsApp e Instagram de alguna manera, incluso con venta a terceros. Y es que un fallo judicial establece que la compañía «hoy no tiene el monopolio de las redes sociales».

 Google ha esquivado un cañonazo y superado una nueva pantalla del caso antimonopolio. El juez federal Amit Mehta ha dictaminado que Google puede conservar el navegador Chrome, pero tiene que compartir datos de búsqueda y abstenerse de firmar acuerdos de exclusividad que impidan a otros la distribución de sus productos. Las acciones de Google suben más de un 8 % tras el cierre de mercado. Por otro lado, hoy también ha trascendido que la Comisión Europea ha frenado la multa que iba a anunciar esta semana por las prácticas contra la competencia en las que ha incurrido Google con su negocio publicitario.

La justicia golpea de nuevo a Google y una vez más lo hace en Estados Unidos. En 2023 el Departamento de Justicia y un grupo de ocho Estados presentaron una demanda contra Google por operar como un monopolio en la industria de la tecnología publicitaria, y hoy una jueza federal ha sentenciado que el gigante tecnológico cometió prácticas anticompetitivas que perjudicaron a editores y usuarios de la web. La jueza aún no ha hablado sobre los remedies, pero estos podrían ir desde obligar a Google a dividir su negocio publicitario a imponer medidas para garantizar una competencia justa. Google ya ha dicho que apelará.

La Comisión Europea tiene un nuevo mensaje para Apple y Google. A Apple le ha ofrecido directrices legalmente vinculantes para asegurarse de que cumple con la normativa de interoperabilidad europea, mientras que a Google la acusa de incumplir la ley de mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés) al favorecer a sus propios servicios con su motor de búsqueda. A la filial de Alphabet también la ha señalado por poner trabas a los desarrolladores que intentan conducir a los usuarios a ofertas más económicas fuera de Google Play.

La estrategia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para frenar a Google ha comenzado a tomar forma. El pasado mes de agosto, la publicación financiera Bloomberg adelantó que el gobierno de los EE.UU., tras considerar a Google un monopolio en el negocio de la búsqueda en red, estudiaba forzar la separación de algunas divisiones de la empresa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se anota una importante victoria después de que el juez federal Amit P. Mehta haya dictaminado que Google actuó fuera de la ley para mantener su monopolio en el mercado de las búsquedas online. Aún no sabemos qué significa esta sentencia para el futuro de Google y su negocio. El dictamen es sobre la responsabilidad de la compañía y no entra en soluciones jurídicas para subsanar o compensar la infracción. El juez decidirá los remedies más adelante, mientras que Google ya ha dicho que apelará.

La presión de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea para acabar con las prácticas antimonopolio están derivando en decisiones muy relevantes por parte de las big tech. Hoy el protagonismo se lleva Microsoft, que se ha encargado de dar la sorpresa al retirar su presencia de la junta directiva de OpenAI.

En julio de 2023 la Comisión Europea abrió una investigación para aclarar si Microsoft estaba violando las leyes antimonopolio al incluir la aplicación de mensajería Teams en Office 365 y Microsoft 365. La tecnológica no tardó en llegar a la conclusión de que lo mejor era lanzar una rama de olivo, así que decidió ofrecer sus paquetes ofimáticos sin Teams a un precio más bajo. Sin embargo, un año después Microsoft descubre que su movimiento no ha servido de mucho, pues la investigación ha terminado con el envío de un pliego de cargos.

Lo que plantea la demanda es que el poco espacio ofrecido en las cuentas gratuitas de iCloud, sumado a la integración de dicho servicio en los sistemas operativos, lleva a muchos usuarios a tener que contratar planes de almacenamiento de mayor capacidad y, claro, de pago. Así, nos encontramos ante una demanda que ataca uno de los flancos más débiles de Apple en materia judicial, el de las medidas en contra de la libre competencia.

El Gobierno de Estados Unidos, principalmente durante la administración de Joe Biden, ha dejado claro que ninguna compañía tecnológica puede abusar de su poder y posición en el mercado para suprimir a la competencia. Esa postura ha provocado que empresas como Google o Microsoft, por mencionar solo algunas, sean objeto de investigaciones para regular su actividad. La siguiente en la lista, según The New York Times, podría ser Apple.