OpenAI experimenta tensiones internas debido a las divergencias sobre la regulación de la inteligencia artificial. Un grupo compuesto por siete empleados activos y un excolaborador han destinado más de 215.000 dólares a Guardrails Alliance, un super PAC que aboga por implementar medidas de seguridad más estrictas en los laboratorios que crean modelos de IA de vanguardia.

La discusión sobre cómo debe regularse la inteligencia artificial está generando una división cada vez más visible dentro de OpenAI. Siete empleados actuales y un antiguo trabajador de la compañía han aportado conjuntamente más de 215.000 dólares a Guardrails Alliance, un super PAC que reclama mayores salvaguardas para los laboratorios que desarrollan modelos de frontera. La cifra resulta especialmente significativa porque la organización pretende contrarrestar la influencia política de Leading the Future, otro grupo respaldado, entre otros grandes nombres de Silicon Valley, por el presidente y cofundador de la propia OpenAI, Greg Brockman.

El enfrentamiento refleja dos visiones muy diferentes sobre cómo debe intervenir la política en el desarrollo de la IA. Guardrails Alliance nació el pasado mes con 5 millones de dólares y aspira a reunir 15 millones durante este ciclo electoral para respaldar a candidatos favorables a establecer controles sobre los sistemas más avanzados. Leading the Future, por su parte, dispone de más de 100 millones y ha hecho de la oposición a las normas que considera perjudiciales para la innovación uno de sus principales argumentos, defendiendo al mismo tiempo un marco regulatorio federal frente a una proliferación de leyes estatales diferentes.

Conviene poner también en perspectiva de dónde procede el dinero aportado por los trabajadores. Juan Felipe Cerón Uribe, ingeniero de investigación de OpenAI desde 2022, ha donado él solo 200.000 dólares, por lo que concentra la inmensa mayoría de esos más de 215.000 dólares. Gabriel Wu, investigador de seguridad, ha aportado otros 5.000 dólares; Julie Steele y Jason Wolfe, dedicados a trabajos de alineamiento, han contribuido con 5.000 dólares cada uno; y David Farhi, antiguo responsable de investigación de OpenAI, donó 3.000 dólares.

La posición de Cerón Uribe resulta especialmente llamativa porque procede directamente de alguien que trabaja en intentar reducir los posibles daños derivados de estos sistemas. El investigador explica que ha dedicado los últimos cuatro años a estudiar estrategias de mitigación y teme que buena parte de ese trabajo resulte inútil si finalmente no existen reglas que obliguen legalmente a las compañías a responder por cómo desarrollan la inteligencia artificial. También ha criticado que grandes fortunas tecnológicas puedan utilizar su capacidad económica para condicionar el marco legislativo bajo el que operarán sus propias empresas.

La tensión no se limita a las aportaciones económicas. La participación de Brockman en Leading the Future ya había generado inquietud entre algunos empleados, que pidieron explicaciones a la dirección sobre la relación de OpenAI con el super PAC. La compañía sostiene que la actividad política de su presidente se realiza a título personal y no en representación de OpenAI, y recuerda que sus trabajadores son igualmente libres de donar o asesorar a candidatos y organizaciones políticas por su cuenta. El conflicto, por tanto, no enfrenta formalmente a OpenAI con sus empleados, pero sí evidencia posiciones enfrentadas dentro de su propio ecosistema sobre el tipo de regulación que necesita la industria.

La diferencia de capacidad económica entre ambos bandos es, además, enorme. Guardrails Alliance pretende alcanzar esos 15 millones de dólares, mientras que Greg Brockman y su esposa, Anna, se han comprometido conjuntamente a aportar 50 millones a Leading the Future. Incluso sumando el resto de apoyos recibidos por Guardrails, la organización está muy lejos de poder competir dólar por dólar con su rival. Sus responsables sostienen que no necesitan hacerlo y confían en que una opinión pública favorable a introducir límites y responsabilidades permita compensar parcialmente esa desventaja financiera.

La batalla ya se está trasladando directamente a las elecciones estadounidenses. Los grupos favorables a una regulación más estricta y los más próximos a la industria están gastando millones para respaldar o intentar derrotar candidatos según sus posiciones sobre inteligencia artificial. El fenómeno tampoco se limita a OpenAI: Anthropic ha elevado recientemente a 40 millones de dólares su apoyo total a Public First Action, otro grupo que impulsa salvaguardas para los sistemas avanzados. La regulación de la IA ha dejado así de ser únicamente una discusión entre tecnólogos y legisladores para convertirse también en un campo de batalla electoral con cantidades de dinero cada vez mayores.

Y quizá sea precisamente dentro de OpenAI donde esa disputa resulte más fácil de visualizar. Por un lado, uno de sus máximos responsables está destinando decenas de millones de dólares a una organización que quiere evitar regulaciones que considera perjudiciales para el desarrollo de la industria; por otro, varios de los profesionales que trabajan directamente con estos sistemas están sacando dinero de su propio bolsillo para reclamar mayores controles y responsabilidades. Las cantidades son incomparablemente distintas y ocho personas no representan a toda la plantilla, pero el episodio expone una cuestión que cada vez resulta más difícil de ignorar: quienes están construyendo la inteligencia artificial más avanzada tampoco están de acuerdo sobre quién debe ponerle límites, cuáles deberían ser y cuánto poder deberían tener las propias tecnológicas para decidirlos.

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