Seguro que a la mayoría le suena Series Yonkis, una página web que en su día ofrecía enlaces a contenidos como series de televisión y películas. Los materiales estaban clasificados e incluso ofrecían una sinopsis y un lugar para opinar, pero la página nunca llegó a alojar contenido protegido ni tenía el control sobre la calidad de los enlaces o su validez. En otras palabras, se limitaba a ofrecer enlaces a webs de almacenamiento como Megaupload, una actividad, la de enlazar, sin la cual Internet no hubiera crecido y sería un sitio muy diferente.

En 2007, grandes productoras y distribuidoras como Warner Bros. Universal, Paramount, Disney y Sony, así como entidades de derechos audiovisuales, se abalanzaron judicialmente contra Series Yonkis. Les pedían penas de cárcel y 550 millones de euros en daños por entender que publicar enlaces para descargar materiales protegidos suponía un acto de comunicación pública según el Código penal. Sin embargo, el Código penal no definía el acto de la comunicación pública, así que se recurrió a la Ley de Propiedad Intelectual.

El caso Series Yonkis fue viajando por los tribunales y en la mayoría de los casos se llegó a la conclusión de que enlazar no era delito. Durante este proceso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que enlazar sí era un acto de comunicación pública, una decisión que junto a la presión de las grandes compañías llevó a la clase política a modificar en 2015 (con una rapidez inusitada) el Código Penal para señalar que enlazar de forma no autorizada a obras protegidas por los derechos de autor era delito. Tan explícito fue el texto, que los tribunales concluyeron que antes no lo era y que los responsables de Series Yonkis tenían que ser inocentes.

Han pasado 16 años, tantos que el creador de Series Yonkis ha vivido gran parte de su vida adulta pensando que tenía pendiente un caso que le podía costar 550 millones de euros y una temporada en la cárcel. El tiempo suficiente como para formar una familia, tener hijos, casarse, cursar estudios de posgrado e incluso terminar trabajando como funcionario de la Administración General del Estado. Finalmente los acusados han sido absueltos, pero igualmente han pagado un precio muy alto tanto económico (el Constitucional ha rechazado condenar en costas a los demandantes) como psicológico.

Fuente: Publico

Vía: