Un agricultor de 86 años se ha convertido en símbolo de resistencia al rechazar 13 millones de euros por instalar un centro de datos de IA en sus tierras, priorizando la agricultura sobre los intereses tecnológicos. 

Un agricultor de 86 años en Pensilvania, Estados Unidos, ha rechazado más de 13 millones de euros por transformar sus campos de cultivo en un centro de datos de inteligencia artificial.

En lugar de aceptar esa cifra, ha optado por blindar legalmente sus tierras para que sigan siendo agrícolas y así evitar la expansión de la infraestructura de IA, tal y como recoge el medio francés Jeuxvideo.

Mervin Raudabaugh ha dedicado más de seis décadas al cultivo de maíz y otros productos en una explotación familiar. Sobre su mesa llegó una oferta millonaria por sus 105 hectáreas, una valoración muy por encima de los precios habituales por acre en la zona.

Detrás de la propuesta estaban promotores vinculados a un proyecto de centro de datos, orientado a servicios de computación en la nube y apps de IA, interesados en la ubicación.

De granja a infraestructura para IA

El proyecto habría supuesto la transformación completa de la zona, y es que en lugar de campos de cultivo, los planes contemplaban un complejo de servidores, líneas de alimentación eléctrica, sistemas de refrigeración, seguridad perimetral y accesos específicos.

Este tipo de instalaciones está buscando cada vez más suelo en áreas rurales, puesto que necesitan grandes superficies continuas y acceso razonable tanto a líneas de alta tensión como a fibra óptica.

En paralelo, la demanda de superficie para centros de datos ligados a IA y servicios en la nube crece con rapidez en Estados Unidos, con estimaciones que apuntan a cientos de millas cuadradas adicionales en los próximos años.

Por ello, Raudabaugh decidió no aceptar la oferta de los promotores pese a no contar con herederos directos que continúen la explotación de sus cultivos. En vez de vender para uso industrial, optó por una vía de conservación.

Esto significa que firmó un acuerdo con Lancaster Farmland Trust por una cifra en torno a 1,9 millones de dólares, unos 1,6 millones de euros, para transferir los derechos de desarrollo.

La organización utiliza servidumbres de conservación, como figuras legales que permiten que la propiedad cambie de dueño con el tiempo, pero limitan de forma permanente su uso a actividades agrícolas.

De este modo, sus 105 hectáreas quedan blindadas frente a promociones residenciales, comerciales o infraestructuras como un centro de datos.

En las entrevistas concedidas a algunos medios, Raudabaugh ha señalado su preocupación por la pérdida de paisajes agrícolas y su rechazo a ver los campos convertidos en instalaciones industriales.

El argumento tiene un trasfondo estructural, y es que en Pensilvania se pierden miles de acres de tierra de cultivo cada semana por desarrollos de diverso tipo, y la llegada de centros de datos suma presión sobre un suelo agrícola ya tensionado.

Según recoge Jeuxvideo y otras cabeceras, el agricultor ve este tipo de proyectos como una amenaza directa para la continuidad de la agricultura en la región y considera que aceptar la oferta habría sido destruir los cultivos que ha trabajado durante décadas.