“Si quieres cometer el crimen perfecto, tienes que ser como Agatha Christie. Pero si quieres dedicarte a la ciberdelincuencia, es la cosa más fácil del mundo”. Así comenta el abogado Carlos Aránguez, conocido por llevar la causa de los afectados contra la plataforma Arbistar, las actuales dificultades que vive el sector judicial ante el boom de los ciberdelitos, que han crecido en España un 28% en el último año. 

En la causa que lleva su bufete, se espera llegar a una sentencia este año. Pero lo normal es que la casi totalidad de las denuncias de estas características acabe en papel mojado. En el limbo o, peor aún, en vía muerta.

Solo una mínima parte de las demandas llega a juicio ante la imposibilidad de instruir el caso

“Impunidad” es la palabra que emplea el magistrado Antonio Piña, uno de los jueces que más se han especializado en este tipo de delitos y presidente de la Audiencia Provincial de Ourense. Este magistrado se ha dedicado a recopilar datos que ofrecen un panorama desolador sobre el estado de la justicia en España. Se presentaron (en el 2020) unas 287.963 denuncias relacionadas con la comisión de ciberdelitos (en su casi totalidad, estafas y delitos patrimoniales). Su aumento es vertiginoso: hace tres años eran poco más de 80.000.

Sin embargo, solo un 14% de estos casos se esclarece o se resuelve desde un punto de vista policial, y tan solo un 6%, menos de 17.000 de estas denuncias, acaba con un procedimiento en los juzgados.

“Los delincuentes se están dando cuenta de que los ciberdelitos permiten obtener mayor beneficio y disminuyen el riesgo de detención”, afirma Antonio Piña, que explica las causas de esta falta de eficacia. En primer lugar, hay una carencia de medios materiales, de capacitación y de laboratorios forenses, con un número de efectivos insuficiente para el volumen de denuncias. Pero luego lo que ocurre es que en la mitad de los delitos cibernéticos hay un componente de transnacionalidad, lo que necesita cooperación internacional. Eso significa poner en marcha comisiones rogatorias para pedir datos que están en servidores ubicados en países extranjeros.

La extraterritorialidad dificulta la obtención de datos en servidores en el extranjero

Y es un procedimiento muy lento, cuando suele haber necesidad de obtener la información lo más rápido posible para continuar la investigación. En este sentido –apuntan otras fuentes jurídicas–, se puede citar el caso de Rusia, un país muy activo en delitos cibernéticos. Desde la Dirección General de la Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia aseguran que, pese al estallido de la guerra de Ucrania, las rogatorias están funcionando con normalidad en Rusia.

“Debemos diferenciar entre las estafas que se producen en las plataformas de venta de segunda mano, que son muy numerosas, y que no requieren investigación compleja al realizarse totalmente en España, de otros delitos de phishing , realizados por bandas internacionales y que requieren una investigación compleja y fondos que suelen terminar en países del Este o convertidos en criptomonedas, y hay que seguir la pista mediante el rastreo de las transacciones”, indica Antonio Piña.

La sensación de impotencia ha llegado a casos extremos, al punto que Carlos Aránguez solo acepta llevar casos en los que hay posibilidades concretas de recuperar el dinero. Por ejemplo, en el mencionado caso de Arbistar, la casi totalidad de las operaciones presuntamente ilícitas se llevaron a cabo en el territorio español. “No obstante, existe un cierto punto de inflexión, que es el momento en que el dinero del blanqueo o del fraude aflora de lo virtual a lo real. Nadie quiere tener un Ferrari en el metaverso. Los criminales al final optan por gastar, cambian sus criptodivisas y salen al descubierto, y esto incrementa las posibilidades de reapropiarse de los fondos”, señala Aránguez.

Hay bufetes que se resisten a aceptar clientes si ven que no se consigue recuperar el dinero

El desarrollo del mercado de los criptoactivos ha intensificado las actividades ilícitas en la red. La importancia que ha alcanzado el ransomware como actividad delictiva que ataca infraestructuras críticas y se vale de bitcoins como medio de pago del rescate exigido constituye una de las grandes preocupaciones de particulares y estados.

No obstante, el porcentaje de la ilegalidades que se llevan a cabo con criptomonedas sobre el total de las transacciones electrónicas es muy pequeño. Es un dato engañoso, que en parte se debe a las dificultades que presenta el anonimato, que dificulta la investigación y la categorización de los hechos delictivos.

A escala global, la consultora Chainalaysis habla de fraudes por 14.000 millones de dólares anuales, con la mitad de esta cifra que procede del robo directo a plataformas de intercambio.

De las 280.000 denuncias en el 2020, la policía solo ha conseguido esclarecer 38.000 casos

Según declaraba el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, “las brechas en los regímenes regulatorios contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en todas las jurisdicciones no solo ponen en peligro la seguridad y la estabilidad del sistema financiero internacional, sino que también crean oportunidades para que los actores criminales puedan aprovechar las inconsistencias regulatorias entre jurisdicciones o, en algunos casos, la falta total de regulación y supervisión”.

Fuentes:

https://www.lavanguardia.com/economia/20220704/8383544/ciberdelitos-espana-denuncias-seguridad-criptoactivos.html