Desde hace unos años, Estados Unidos se ha embarcado en una guerra comercial con China, con constantes provocaciones económicas y geopolíticas. El último capítulo lo ha protagonizado la influyente Secretaria de Comercio, Gina Raimondo, que atacó directamente a los coches eléctricos chinos con acusaciones de que estos estarían recopilando una enorme cantidad de datos sobre los conductores para transmitirlos a China.

Por supuesto, como suele ser habitual, la acusación no ha sido acompañada de ninguna prueba en una campaña contra los productos chinos en un discurso en el que advirtió a los usuarios estadounidenses que los coches eléctricos chinos podrían suponer un peligro para la seguridad.

Según la señora Raimondo: «Existe un riesgo importante para la seguridad nacional. Los datos recopilados sobre los conductores, la ubicación de los vehículos y sus alrededores podrían enviarse a China.»

Detrás de estas declaraciones hay un trasfondo donde el gobierno de Estados Unidos está buscando desesperadamente proteger a los fabricantes, tanto nacionales como extranjeros, para que produzcan sus coches y sus baterías dentro del país.

Una posición polémica, ya que supone apelar a un proteccionismo que la propia Estados Unidos critica fuera de sus fronteras cuando le afecta a ellos, pero por el otro lado supone reducir la huella de emisiones de la producción y transporte de coches y baterías, deslocalizando la producción en China, lo que además reduce la dependencia tan profunda que hemos alcanzado en la producción de materiales críticos para baterías y motores eléctricos.

Para lograrlo, la administración ha puesto en marcha aranceles que llegan al 27.5% del precio de los vehículos, y además, estos no pueden acceder a los 7.500 dólares de ayudas del gobierno federal. Una enrome pérdida de competitividad que este año podría incluso escalar con la entrada de nuevas medidas proteccionistas por parte del gobierno demócrata.

A partir de 2025, los vehículos cuyas baterías contengan ciertos materiales críticos extraídos o procesados ​​en China, tampoco podrán acceder a las ayudas de Estados Unidos. También se aprobó una ley para impedir que el Ministerio de Defensa compre baterías producidas por CATL y otros fabricantes chinos a partir de 2027.

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