Londres se ha transformado en un centro de experimentación masiva para el uso de reconocimiento facial policial en tiempo real. Esta implementación convierte a la ciudad en un escenario similar al "Gran Hermano", donde la vigilancia afecta directamente a peatones, turistas y trabajadores que transitan por la capital británica.

Londres se está convirtiendo en "Gran Hermano", es decir, un país que ve todo, y un claro ejemplo de ello es el reconocimiento facial. Y es que Londres ya se ha convertido en uno de los grandes laboratorios europeos del reconocimiento facial policial en tiempo real. En la capital británica peatones, turistas, compradores y trabajadores ven cómo cada día sus caras se escanean en tiempo real.

En concreto, el Gobierno ha instalado en un calle de Victoria cámaras temporales con las que la Policía Metropolitana escanea los rostro, en tiempo real, de todas las personas que pasan por esa calle. Gracias al reconocimiento facial en tiempo real, todos estos rostros se comparan con una lista policial. Es decir, hablamos de un sistema de identificación automatizado en directo. Cada cara escaneada por IA se convierte en una plantilla biométrica y se compara con una lista de unas 17.000 personas, compuesta principalmente por imágenes tomadas bajo custodia policial.

La Policía de Reino Unido defiende que este reconocimiento facial en tiempo real es una tecnología disruptiva

Ante las quejas, la Policía Metropolitana (Met) defiende esta tecnología como una herramienta transformadora para localizar sospechosos que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Según Reuters, desde comienzos de 2024 el sistema habría ayudado a detener a unas 2.500 personas buscadas, incluidas personas investigadas por graves deplitos. En una operación reciente en Victoria y Tottenham, la Met afirma que hubo seis detenciones por delitos como amenazas de muerte, incumplimiento de una orden judicial y posesión de un cuchillo.

El argumento policial es claro: si una persona buscada por delitos graves camina por una zona pública, el sistema puede detectarla en segundos. Lindsey Chiswick, responsable de reconocimiento facial en la Met, citó incluso el caso de un pederasta condenado que fue identificado mientras iba con una niña de ocho años, lo que llevó a su regreso a prisión. Para la policía, estos ejemplos justifican el despliegue porque lo presentan como una herramienta quirúrgica contra personas ya buscadas, no como vigilancia indiscriminada con fines abstractos.

El problema es que, técnicamente, para encontrar a una persona buscada el sistema tiene que escanear a todos los que pasan por delante. Ahí nace el choque político y legal. Los críticos sostienen que el reconocimiento facial en vivo invierte la lógica tradicional de la presunción de inocencia. Es decir, se escanea la cara de cualquier persona, por lo que cualquier persona pasa a formar parte de una base de datos temporal que debe ser descartada por el sistema. Big Brother Watch y otros grupos de libertades civiles advierten de que esto puede normalizar una vigilancia masiva en espacios públicos.

La Policía también defiende que la intrusión es mínima

La Met insiste en que la intrusión es mínima porque, las plantillas biométricas de quienes no coinciden con la lista se destruyen de forma inmediata. También presume de una tasa de error muy baja. En los 12 meses hasta septiembre de 2025, su propio informe anual registró 3,14 millones de rostros escaneados. De los cuales se reportaron 2.077 alertas. De estas, 2.067 fueron alertas verdaderas y únicamente 10 falsas. También defienden que en ninguna de esas detecciones de falsa alerta acabó en arresto. En ese periodo hubo 962 detenciones ligadas a despliegues de reconocimiento facial en vivo.

Ahora bien, la tecnología se utilizó por primera vez en una protesta el pasado 16 de mayo, durante una marcha antiinmigración en Londres. Para la Met, el despliegue estaba justificado por información de inteligencia sobre una posible amenaza para la seguridad pública. También defendieron que las cámaras se colocaron en puntos de aproximación, y no en la ruta principal. Para los activistas, en cambio, cruzar esa línea cambia la naturaleza del sistema. Y más cuando en Reino Unido es normal ver detenciones e incluso penas de cárcel, a usuarios que hayan expresado su libertad de expresión en redes sociales como X al criticar la inmigración del país.

La Big Brother Watch, la organización para el derecho a la privacidad, fue especialmente crítica antes de ese despliegue, alertando de que un control biométrico no puede convertirse en requisito previo para ejercer la libertad de expresión. Su crítica no se centra solo en el error algorítmico, sino en el efecto disuasorio: personas que podrían evitar acudir a una manifestación si saben que la policía va a escanear sus rostros.

¿Es legal o no el reconocimiento facial a gran escala de Londres?

En cuanto a la legalidad, la Met recibió un importante respaldo el pasado mes de abril. Y es que fue cuando el Tribunal Superior británico rechazó una impugnación presentada por activistas. Concluyó que la política de uso de reconocimiento facial de la policía londinense era legal. La demanda argumentaba que el sistema interfería con la privacidad y con las libertades de expresión y reunión protegidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal no consideró que esos derechos hubieran sido vulnerados.

Tras este contrapié, el Gobierno británico abrió una consulta para desarrollar un nuevo marco legal específico sobre reconocimiento facial, biometría y tecnologías similares en el ámbito policial. La consulta busca definir qué tecnologías deberían quedar cubiertas, qué organismos podrían usarlas, bajo qué condiciones y con qué salvaguardas de privacidad, derechos y proporcionalidad.

La clave de todo es que Reino Unido está avanzando rápidamente en una tecnología que todavía se apoya en una combinación de leyes generales, guías policiales y políticas internas. Es decir, de todo salvo en una una ley primaria específica diseñada exclusivamente para el reconocimiento facial policial. El Parlamento británico ya ha descrito el marco actual como una especie de “parches” regulatorios que el Gobierno quiere consolidar para hacerlo más comprensible y adaptado al ritmo tecnológico.