El Ejecutivo impulsa una reforma integral del servicio de Internet en el hogar con el objetivo de mejorar las condiciones actuales.

Entre las medidas principales, se establece que la velocidad mínima garantizada será de 100 Mbps, se limitará el tiempo de espera para la instalación a un máximo de 30 días y se implementarán bonificaciones del 25% en la tarifa para ciertos perfiles de usuarios.

Tener acceso a Internet en España podría estar sujeto a nuevas garantías a partir de 2027. El Gobierno ha dado luz verde a la tramitación urgente del nuevo Reglamento del Servicio Universal de Telecomunicaciones, una norma que elevará la velocidad mínima garantizada hasta los 100 Mbps, reducirá el tiempo máximo de instalación a 30 días e impondrá descuentos de al menos el 25% para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

La reforma también contempla compensaciones automáticas cuando las operadoras incumplan determinados plazos y redefine las condiciones mínimas que deberán cumplir los servicios de acceso a Internet y telefonía fija en todo el territorio nacional.

La medida fue autorizada por el Consejo de Ministros el 13 de octubre y, salvo cambios durante la tramitación, entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Se trata de una actualización profunda del servicio universal de telecomunicaciones, el mecanismo que garantiza que cualquier ciudadano pueda acceder a servicios básicos de comunicación independientemente de dónde viva.

La velocidad mínima se multiplicará por diez hasta alcanzar los 100 Mbps

Uno de los puntos más importantes de la futura normativa es la actualización de la velocidad mínima de acceso a Internet. Actualmente, el servicio universal garantiza conexiones de 10 Mbps de descarga, una cifra que se ha quedado muy lejos de las necesidades actuales de teletrabajo, streaming, educación online o videollamadas.

Con la nueva regulación, la velocidad mínima pasará a ser de 100 Mbps de descarga y 5 Mbps de subida. Para cumplir este requisito, las operadoras podrán utilizar diferentes tecnologías, incluyendo fibra óptica, redes inalámbricas o conexiones por satélite cuando no existan otras alternativas.

La medida busca adaptar el servicio universal a la realidad actual del mercado, especialmente en zonas rurales o áreas donde el despliegue de fibra sigue siendo limitado.

Las operadoras tendrán un máximo de 30 días para dar de alta el servicio

La reforma también reduce significativamente el tiempo de espera para los usuarios que soliciten una conexión incluida dentro del servicio universal.

El plazo máximo para la instalación pasará de los actuales 60 días naturales a solo 30 días. Además, el borrador establece compensaciones automáticas cuando el operador incumpla dicho plazo por causas directamente atribuibles a la compañía.

No obstante, seguirán existiendo excepciones cuando sean necesarios permisos administrativos, derechos de paso o concurran circunstancias de fuerza mayor que impidan completar la instalación dentro del periodo previsto.

Es importante señalar que esta obligación afecta al servicio universal y no a las contrataciones comerciales habituales de fibra o Internet que realizan los usuarios en condiciones normales de mercado.

¿Quién podrá beneficiarse de los descuentos del 25%?

La futura normativa también refuerza la protección de los colectivos más vulnerables. El Ministerio considera que la ampliación de las llamadas tarifas sociales podría beneficiar potencialmente a cerca de 800.000 hogares en España.

La principal novedad es que todos los operadores que ofrezcan acceso fijo a Internet o servicios de voz deberán poner a disposición de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital una tarifa social específica en las zonas donde comercialicen sus servicios.

La rebaja mínima obligatoria será del 25%, una medida con la que el Ejecutivo pretende reducir la brecha digital y facilitar el acceso a las telecomunicaciones a las familias con menos recursos.