La Policía Nacional realiza investigaciones complejas en el ámbito de la lucha contra la explotación sexual infantil, como aquellas que se llevan a cabo en la red oscura, pensada y diseñada para ocultar los datos de los que en ella se mueven. Entre ellas, destaca la red TOR, acrónimo de The Onion Router, que tiene como característica que, además de anonimizar la conexión, tiene en su interior una serie de servicios ocultos (como páginas web), cuya ubicación y localización es muy compleja.

Dentro de ese esfuerzo y coordinados por EUROPOL, se localizó una página que servía como un repositorio de grabaciones de explotación sexual infantil, en continuo crecimiento por aporte de los propios usuarios. Tenía casi dos millones de suscriptores y 91.000 vídeos, cantidad que aumentaba a razón de más de tres vídeos por hora.

Para utilizarla bastaba con registrarse de manera gratuita, y se tenía inmediatamente acceso a una previsualización parcial y de calidad reducida de todos los vídeos presentes. Si un usuario deseaba verlos completos o a mayor calidad, debía adquirirlos mediante el pago correspondiente, usando para ello criptomonedas. Cada vídeo comprado podía descargarlo o verlo online en calidad alta. Además, se podían obtener créditos que luego se podían usar para adquirir otros vídeos, aportando nuevas grabaciones que no estuvieran ya en la página o ayudando a clasificar las ya presentes.

Plataforma adaptada como si de una red social se tratara

Lo realmente novedoso de esta plataforma es la profesionalización en cuanto a su diseño, permitiendo a sus usuarios elaborar una fuente de perfil social perfectamente adaptado a su criterio, como si de una red social se tratara. Asimismo, la comunicación y el contacto con otros usuarios era uno de sus características esenciales, teniendo la plataforma un carácter muy peligroso para la distribución del material de abuso sexual infantil.

La policía alemana se encargó de la investigación principal y fueron capaces de ubicar e intervenir el servidor en que se alojaban estos contenidos, con lo que tuvieron acceso a los datos sobre pagos efectuados por cada uno usuarios. Sin embargo, los pagos con criptomonedas también están diseñados para ser anónimos, por lo que, utilizando sistemas sofisticados de rastreo de activos fueron capaces de encontrar a los compradores, recuperando cada una de las transacciones hasta llegar a los datos bancarios de cada uno de ellos.

En lo que respecta a España, 17 personas habían comprado vídeos, y una, además, había subido uno a la propia plataforma. Según la experiencia de la Policía Nacional, las personas que están dispuestas a pagar por estos contenidos están un paso más allá que el simple consumidor de material de explotación sexual infantil, dado que pagar implica un mayor compromiso con la actividad y un descenso de las inhibiciones sociales relativas a ese delito; mientras que el uso de la red TOR ya demuestra conocimientos tanto informáticos como en lo relativo a la búsqueda de pornografía infantil, ya que quien llega hasta ahí lleva mucho tiempo consumiendo. Por eso se dio prioridad a esta investigación, teniendo en cuenta que este tipo de consumidores podría no tener contenido ilegal en los ordenadores, limitándose a acceder a las páginas y nubes que tuvieran contratadas.

Una vez recopilada toda la información de cada uno de ellos, y con la colaboración a las diferentes plantillas territoriales implicadas, se determinó que los detenidos debían hacerse entre el 10 y el 14 de marzo, ya que ese último día, una vez completada la investigación económica, Alemania iba a desconectar la página y sustituirla por un aviso oficial.

Un estudiante de informática era el único distribuidor en España

Bajo la tutela y coordinación de la Policía Nacional, que se encargó, además, del registro del distribuidor, se realizaron 15 entradas y registros en otros tantos domicilios. De esta manera, se detuvo al único distribuidor presente en España, un estudiante de informática al que se le encontró, además de abundante pornografía infantil, los enlaces de acceso tanto a la página principal de la investigación como a otras de pornografía infantil, los recibos de los pagos y otros datos personales detectados.

Al detenido en Alicante, que trabajaba como autónomo, se le encontraron las evidencias del pago a la página investigada y, además, pruebas de que estaba traficando con drogas. Se le intervinieron más de 700 pastillas de éxtasis y 42.000 euros en fajos de billetes de 50. Fue enviado a prisión por el juez que entendía de los hechos. En Almería se detuvo a un ciudadano marroquí ya nacionalizado al que se le intervino una gran cantidad de material informático.

En Barcelona había dos objetivos diferentes, que se hicieron en días distintos de la semana de acción. En ambos registros se encontró pornografía infantil en los dispositivos, así como las evidencias del pago realizado. Ambos pasaron a disposición judicial. En Arrecife (Las Palmas) se encontró a otro de los investigados, un madrileño residente en Lanzarote. Se le encontraron evidencias de los pagos realizados, por lo que fue detenido y pasó a disposición judicial. El Alfaro (La Rioja), el detenido tenía evidencias de los pagos y las apps necesarias para realizarlo. También coincidían otros datos, como el correo electrónico utilizado.

En Madrid, donde había dos objetivos de la investigación, uno de ellos tenía abundante pornografía infantil y evidencias del pago realizado, además del navegador TOR, por lo que fue detenido. El otro, al que no se le encontraron imágenes, aunque sí los datos relativos al pago efectuado, declaró como investigado no detenido por estos hechos. El investigado en Málaga se había mudado a La Línea de la Concepción (Cádiz). Los agentes se trasladaron hasta esa localidad, donde lo lograron ubicar. Aunque no tenía pornografía en el momento del registro, sí encontraron indicios suficientes del pago, además de un reconocimiento espontáneo de los hechos, por lo que fue detenido.

Un dentista era el objetivo de Murcia, por lo que el registro fue tanto en su domicilio como en su clínica. Aparecieron abundantes evidencias en diferentes soportes, no solo del pago, sino imágenes de niños explotados sexualmente que guardaba en una memoria USB para una mayor discreción. El responsable en Orense estaba trabajando en Madrid, por lo que fue detenido el domingo, cuando salía con su vehículo, aunque no se le pudo hacer registro y el material deberá ser estudiado posteriormente. Fue detenido y, tras los trámites correspondientes, puesto en libertad. El detenido en Sevilla utilizaba para los pagos tanto su nombre como el de su madre, lo que en un principio resultó confuso para los investigadores. Una vez aclarado que el responsable era el hijo y no la madre, se realizaron dos registros, dado que utilizaba ambos como morada, en los que se encontraron evidencias de los pagos y los medios realizados para hacerlas.

En Tarragona el consumidor detectado era un varón con una grave minusvalía psíquica, que incluía psicosis y alucinaciones. Se le encontraron, además, de los pagos, imágenes de niños generadas por inteligencia artificial. En atención a sus especiales circunstancias, no se le detuvo, sino que fue oído como investigado no detenido.

En la isla de Tenerife se encontró a un individuo que tenía multitud de pornografía infantil en varios chats de mensajería instantánea. Además, también usaba servicios de almacenamiento en la nube y se le encontraron los pagos a la plataforma. Por último, en Zaragoza se encontró a un individuo que tenía gran cantidad de pornografía infantil y evidencias del pago mediante criptomonedas. Reconoció los hechos en su declaración. En cuanto a los demás registros, en Valencia el objetivo se había mudado y reside en París, mientras que el de Jaén resultó investigado no detenido.

La mayor operación hasta la fecha

La operación “Stream” ha sido la mayor operación jamás gestionada por los expertos de EUROPOL en la lucha contra la explotación sexual infantil, y uno de los casos más importantes que ha apoyado la agencia policial en los últimos años. Los países que han participado en la investigación son Albania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Durante la intervención policial se han incautado más de 3.000 dispositivos electrónicos a nivel global y se le ha dado protección a un total de 39 menores.

Fuentes:

https://policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=16515#