La estrategia antipiratería de LaLiga ha escalado hasta convertirse en un asunto político de primer nivel. Tras semanas de denuncias de usuarios, asociaciones tecnológicas y empresas afectadas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para esclarecer el alcance de los bloqueos de direcciones IP ordenados por la patronal del fútbol.

Se trata de la segunda vez que el Parlamento aborda este asunto tras la iniciativa presentada por el BNG en mayo, que ya acusaba al Ejecutivo de “abandono de funciones” al permitir bloqueos que afectan a servicios legítimos.

Un precedente peligroso para los derechos digitales

ERC califica el fenómeno como “LaLigaGate”, y advierte de que sienta un precedente muy preocupante: “una empresa privada con capacidad para ordenar bloqueos masivos sin suficiente control democrático ni garantías para los derechos fundamentales”.

Las quejas documentadas señalan que la estrategia antipiratería de LaLiga no solo ha afectado a webs de retransmisiones ilegales, sino que también habría bloqueado plataformas legales como Steam, X (Twitter), sitios institucionales y páginas corporativas, poniendo en riesgo la neutralidad de la red y la libertad de información.

Por ello, ERC exige que el Estado establezca con urgencia un marco normativo claro, con criterios “proporcionados, transparentes y supervisados judicialmente” antes de aplicar cualquier medida de bloqueo.

Preguntas al Gobierno: regulación y control

El grupo parlamentario republicano cuestiona al Ejecutivo sobre varios aspectos clave:

• Si prevé regular la intervención de empresas privadas en el control de acceso a Internet, garantizando que todo bloqueo requiera una orden judicial con alcance y duración limitados.
• El papel de organismos reguladores, como la CNMC o la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, en la supervisión de estos bloqueos.
• Si se implementará un procedimiento administrativo de control previo o posterior, que permita verificar la legitimidad de cada caso.
• Mecanismos de reclamación o indemnización para empresas y usuarios afectados por bloqueos erróneos.
• La posible creación de un protocolo de notificación entre operadores y perjudicados, para evitar suspensiones inesperadas de servicios legítimos.

La respuesta de LaLiga: “no hay bloqueos masivos”

Desde LaLiga la respuesta ha sido inmediata y tajante. El organismo que preside Javier Tebas ha rechazado que se estén produciendo bloqueos indiscriminados y asegura que todas las medidas forman parte de procedimientos judiciales autorizados y supervisados.

“Es falso que se estén produciendo bloqueos masivos a páginas legítimas”, subraya la entidad. “El sistema es quirúrgico y está diseñado para afectar solo a contenidos ilegales, siempre documentando y conservando pruebas de la infracción”.

Además, LaLiga minimiza las quejas de los usuarios en redes sociales, argumentando que se refieren a “webs inexistentes, sin tráfico real o con apenas unas decenas de usuarios al mes”. Según el organismo, estas denuncias buscan únicamente “crear una narrativa de alarma social”.

Cloudflare y las direcciones IP compartidas

Uno de los puntos de fricción es el uso de proveedores tecnológicos como Cloudflare, que alojan bajo la misma dirección IP tanto páginas legales como ilegales. LaLiga sostiene que este modelo sirve como “escudo digital” para actividades delictivas, lo que explicaría que algunos servicios legítimos se vean afectados indirectamente por los bloqueos.

Según sus datos, más del 51 % de las IP piratas que emiten contenido de LaLiga utilizan Cloudflare, lo que a su juicio demuestra cómo esta infraestructura es utilizada para ocultar la actividad ilícita.

El coste de la piratería en el fútbol español

LaLiga insiste en que la piratería no es un fenómeno marginal. Según sus cifras, provoca pérdidas anuales de entre 600 y 700 millones de euros a los clubes, equivalentes a la mitad de los ingresos audiovisuales de la temporada 2022-2023.

El consumo ilegal sigue siendo elevado en España:

• Un 33 % de la población consume contenidos pirateados.
• Entre los jóvenes de 15 a 24 años, la cifra asciende al 42 %.
• En Europa, solo en el primer semestre de 2024, se registraron 5,3 millones de retransmisiones piratas en directo.

Conclusión

El choque entre LaLiga, los usuarios de Internet y los partidos políticos ha abierto un debate de fondo sobre los límites de la lucha antipiratería. Mientras la patronal del fútbol defiende que sus medidas son quirúrgicas y avaladas por jueces, colectivos sociales y formaciones como ERC insisten en que el actual sistema carece de garantías suficientes y amenaza derechos fundamentales.

El Gobierno tendrá ahora que responder en el Congreso, en un caso que ya trasciende lo deportivo para situarse en el centro del debate sobre libertades digitales, regulación tecnológica y poder de las empresas privadas en la red.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es el “LaLigaGate”?
Es el término utilizado por usuarios y asociaciones para referirse a los bloqueos de direcciones IP ejecutados por LaLiga en su lucha contra la piratería, que supuestamente habrían afectado también a webs y servicios legítimos.

Por qué ERC ha llevado el caso al Congreso?
Porque considera que el sistema de bloqueos sienta un precedente peligroso, otorgando a una entidad privada capacidad para restringir el acceso a Internet sin suficientes garantías democráticas ni control judicial adecuado.

Cuál es la postura de LaLiga?
LaLiga niega los bloqueos masivos y afirma que todas sus acciones son parte de procedimientos judiciales autorizados, con protocolos estrictos y pruebas documentadas de infracciones.

Qué impacto tiene la piratería en el fútbol español?
Según datos de LaLiga, provoca pérdidas de entre 600 y 700 millones de euros anuales, afecta a un tercio de la población y alcanza niveles aún más preocupantes entre los jóvenes, comprometiendo la sostenibilidad económica del deporte.

Referencias: EuropaPress y EuropaPress

Vía:

https://revistacloud.com/el-laligagate-llega-al-congreso-erc-exige-explicaciones-al-gobierno-por-los-bloqueos-masivos-de-internet/