• España ha sido denunciada ante la Comisión Europea por diversas asociaciones de internautas. El motivo de este escrito es el incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA), situando a LaLiga como uno de los puntos centrales de estas acusaciones.

Internet nació como una herramienta enfocada en la libertad y el acceso global a la información, aunque varias asociaciones de internautas han alertado del peligro de que se convierta en un lugar de control y vulneración de derechos fundamentales.

El epicentro de este gran cambio es LaLiga, que ha implementado durante el último año bloqueos indiscriminados de direcciones IP, afectando a numerosos servicios legítimos y que nada tienen que ver con la piratería, desde la Real Academia Española hasta la propia web del Ayuntamiento de Madrid.

En un caso ya conocido como LaLigaGate, tanto empresas grandes como negocios pequeños se han tenido que enfrentar a cortes durante las jornadas, mayormente en los fines de semana, una estrategia avalada por sentencias de algunos tribunales españoles.

Ante esta situación, organizaciones como la Asociación de Internautas ya han llevado ante la Comisión Europea este caso, argumentando que se están vulnerando las libertades fundamentales y acusando a España de incumplir la Ley de Servicios Digitales –DSA, por sus siglas en inglés–.

Esta normativa se aprobó en 2022 y, desde entonces, España arrastra un historial importante de incumplimiento; en julio de 2024 y en mayo de 2025, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por "no implementar eficazmente el reglamento de servicios digitales", con una demanda posterior en diciembre de 2025 ante el incumplimiento de obligaciones legales.

De momento, y a pesar de las críticas vertidas por asociaciones, colectivos, usuarios y diferentes compañías, España se encuentra en una encrucijada que parece no tener a día de hoy una solución clara.

De bloqueos arbitrarios a la censura algorítmica y la vigilancia fiscal masiva

En la denuncia formal presentada contra el Reino de España el pasado 29 de abril por la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet, ambas son bastante tajantes, asegurando que el Estado español está vulnerando derechos fundamentales.

Entre sus fundamentos jurídicos, aparecen la vulneración de la libertad de expresión e información al bloquear el acceso a contenidos legales, así como la neutralidad de la red, que exige todo el tráfico en Internet sea tratado de forma igualitaria, así como la prohibición de medidas de filtrado generalizado, lo que contraviene la jurisprudencia del TJUE de casos anteriores.

"Las instituciones públicas españolas han abandonado su función de garantes de los derechos digitales, permitiendo que la censura algorítmica, la vigilancia fiscal masiva y los bloqueos arbitrarios de internet erosionen libertades fundamentales", asegura Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas.

En el caso concreto del tema de LaLiga, la denuncia también es muy clara y cita textualmente la arbitrariedad de los bloqueos, "sin rendir cuentas ante nadie por el daño que causan a terceros ajenos a sus intereses".

En tal caso, estas asociaciones afirman que la lucha contra la piratería es legítima y necesaria, pero si se aplican alternativas técnicas que ya existen, "sin convertir a miles de negocios legales en daños colaterales".

Sin embargo, aunque la organización presidida por Javier Tebas está en el punto de mira, la denuncia también apunta a otras instituciones españolas que podrían estar vulnerando libertades fundamentales.

De tal forma, también señalan a la Agencia Tributaria por emplear técnicas de "perfilado digital a partir de redes sociales sin base legal clara" y a las medidas de registros de verificación de edad en redes sociales, que podrían acabar con el anonimato y la privacidad de los usuarios.

E incluso van más allá, denunciando el uso de la "moderación algorítmica de contenidos", que acaba silenciando expresiones legítimas, sin capacidad de distinguir el contexto o la ironía, por ejemplo.

Un posible cambio legislativo a la vista

En el Congreso de los Diputados ya se ha llevado a cabo una iniciativa para reformar la Ley de Servicios Digitales –más allá de que España lleva incumpliendo esta 2 años–, para intentar corregir esta situación.

No obstante, la propuesta no fue votada por unanimidad: mientras que PSOE, ERC, Bildu, Sumar, PNV y Compromís votaron a favor, el PP y Vox se opusieron, con una clara preocupación entre las organizaciones civiles.

Estas mismas avisan sobre el temor de que las buenas intenciones del Gobierno acaben ocultando propuestas legislativas que permitan un mayor control de usuarios, con la idea falsa de que no se puede luchar contra la piratería de otra forma.

En este escenario, además, hay varios frentes abiertos independientemente del TJUE y la Comisión Europea, ya que otras como RootedCON han presentado recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Y, paralelamente, continúan recabando casos individuales de usuarios y negocios que quieran defender sus situaciones, en caso de que los bloqueos de LaLiga hayan afectado a sus páginas web, algo que ha ocurrido con mucha frecuencia.

Queda claro así que la disputa no solo tiene que ver con los derechos del fútbol, sino con el propio funcionamiento de Internet, un cambio que podría amenazar la democracia digital tal y como la conocemos, según las asociaciones.

Habrá que esperar para saber si definitivamente el Gobierno de España adopta las medidas necesarias para salvaguardar derechos fundamentales o si, por el contrario, continúa incumpliendo la DSA tras las sanciones, algo que afecta al conjunto de ciudadanos.