• SUSE solicita a la Unión Europea la creación de una nueva normativa legal para que el código abierto, especialmente Linux, sea la opción preferente en la administración pública, desplazando así a software privativo como Windows.
• La compañía busca que las instituciones gubernamentales reduzcan su dependencia de Microsoft con el fin de garantizar una mayor protección de los datos.

Aunque este debate realmente nunca ha llegado a ningún puerto, en 2026 las cosas están cambiando. Ahora sí importa quién realmente controla la tecnología que usan los ciudadanos cada día y, sobre todo, la que se usa en lugares críticos como hospitales, ayuntamientos o ministerios.

Es por eso que la compañía SUSE, uno de los nombres más potentes del ecosistema Linux, ha decidido lanzar un órdago total para exigir a la Unión Europea un cambio en sus leyes de contratación pública.

La preocupación de SUSE radica en que los gobiernos siguen estando atrapados en un bucle de dependencia con los gigantes del software privado, principalmente Microsoft. Aunque se compren ordenadores nuevos para los funcionarios, la gran mayoría de las administraciones siguen pagando licencias millonarias por sistemas operativos y herramientas que no pueden revisar, modificar ni sustituir si sucede algo grave.

De ahí que hayan enviado una carta formal a Bruselas para exigir que el código abierto sea la opción obligatoria por defecto en el sector público.

Esta petición coincide con la preparación de la futura Ley de Desarrollo de la Inteligencia Artificial y la Nube de la UE (CADA)

Que surja ahora no es casual. Este proyecto de ley, que se presentará de forma oficial el próximo 27 de mayo dentro del Paquete de Soberanía Tecnológica de la Unión Europea, surge con la intención de triplicar la capacidad de computación del continente en los próximos cinco o siete años.

En concreto, el plan busca hacer más sencillos que nunca los permisos y acelerar la inversión millonaria en nuevos centros de datos para intentar recortar la distancia que nos sacan ahora mismo potencias como Estados Unidos o China.

Sin embargo, desde SUSE avisan de que levantar estos enormes edificios llenos de servidores en suelo europeo no sirve de absolutamente nada si luego dentro de esas máquinas se sigue ejecutando software extranjero.

En resumen, los edificios de los servidores pasarán a ser europeos y estarán sujetos a nuestras leyes, pero la dependencia tecnológica de las empresas de fuera seguirá siendo exactamente la misma. Para evitar esto, la propuesta exige que la ley CADA incluya la obligación de evaluar una alternativa de código abierto, como Linux, antes de gastar el dinero en una opción privada (un dinero que es de todos).

Por supuesto, no exigen que sea de esta forma si realmente no se puede. Pero sí que se pide que, por ley, cualquier entidad pública tenga la obligación documentada y auditable de demostrar que ha buscado una alternativa libre antes de firmar un contrato con una multinacional de software cerrado.

Y es que, teniendo en cuenta los millones de datos vitales que manejan estas instituciones, la protección de los mismos no siempre está asegurada.

Con todo esto, parece que esta propuesta, al menos por el momento, ha sido muy bien acogida. Tras la publicación de la carta, el gabinete de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, se ha reunido con aquellos que la han firmado para escucharles. Han reconocido la urgencia de hacer algo al respecto y admiten que la industria del software libre en Europa está muy preparada para convertirse en una alternativa real.

Ahora la pelota está en el tejado de los legisladores que redactarán el texto definitivo de la ley CADA.