Meta vuelve a demostrar que su relación con la responsabilidad es, como mínimo, selectiva. No hablamos de un fallo técnico ni de un problema puntual de moderación, sino de una estrategia empresarial sostenida en el tiempo: tolerar el fraude cuando combatirlo pone en riesgo la cuenta de resultados. Y no es una acusación lanzada al aire, sino una conclusión respaldada por documentos internos y una investigación exhaustiva de Reuters que vuelve a dejar a la compañía en una posición difícil de justificar.

Según esos documentos, Meta asumió internamente que una parte significativa de los anuncios procedentes de China —cerca del 19% en su punto más alto— correspondían a estafas, juegos de azar ilegales, pornografía y otros contenidos prohibidos. Traducido a dinero: más de 3.000 millones de dólares anuales. La respuesta inicial fue crear un equipo específico para atajar el problema, que logró reducir notablemente el volumen de anuncios fraudulentos. El experimento funcionó… hasta que empezó a doler en ingresos.

Ahí entra en escena la parte más incómoda del relato. Tras una intervención directa de Mark Zuckerberg, Meta decidió frenar esas medidas, disolver el equipo especializado y volver a abrir la puerta a agencias chinas que ya habían sido señaladas como problemáticas. El mensaje implícito es demoledor: reducir el fraude está bien, siempre que no afecte demasiado al negocio. Cuando la limpieza amenaza la facturación, la ética pasa a segundo plano.

El modelo publicitario que Meta mantiene en China ayuda a entender por qué el problema es estructural. La compañía opera a través de una red opaca de grandes agencias intermediarias que, a su vez, subarrendan cuentas a actores más pequeños. El resultado es un ecosistema perfecto para diluir responsabilidades, dificultar controles y permitir que anuncios claramente ilícitos sigan circulando durante días, a veces semanas, antes de ser revisados por humanos. Tiempo más que suficiente para que los estafadores “cumplan sus objetivos”, como reconocen los propios documentos internos.

Lo más grave es que Meta no solo es consciente del daño que este sistema provoca, sino que lo ha asumido como un coste aceptable. Informes encargados por la propia compañía alertan de que su comportamiento está fomentando una corrupción sistémica en el mercado publicitario chino. Aun así, la decisión fue no aspirar a igualar los estándares de seguridad del resto del mundo, sino simplemente “mantener el porcentaje de daño”. No eliminarlo. Mantenerlo.

Las consecuencias no son teóricas. Hablamos de usuarios estafados repartidos por todo el mundo; de fraudes financieros masivos canalizados a través de anuncios en Facebook e Instagram; de redes organizadas que usan WhatsApp como fase final de la estafa. Y mientras tanto, Meta continúa cobrando comisiones, ajustando penalizaciones económicas a los socios más problemáticos y calculando cuidadosamente hasta qué punto conviene mirar hacia otro lado.

Todo esto encaja, además, con un patrón ya conocido. No es la primera vez que Meta opta por la inacción calculada cuando el contenido dañino no genera un riesgo inmediato para su negocio principal. La tolerancia con la desinformación, la manipulación de vídeos o los anuncios engañosos responde siempre a la misma lógica: intervenir lo justo para poder decir que se hace algo, pero nunca tanto como para que el flujo de ingresos se vea comprometido. Hace tan solo unas semanas nos hacíamos eco de otra, en una lista que tiende a infinito.

Al final, el retrato es bastante claro. Meta no es incapaz de frenar el fraude; es reticente a hacerlo si eso implica renunciar a miles de millones de dólares. La compañía no está siendo desbordada por los estafadores: ha decidido convivir con ellos. Y mientras esa ecuación siga saliendo rentable, no hay demasiados incentivos para pensar que vaya a cambiar. Porque en el universo Meta, la línea roja no la marca el daño a los usuarios, sino el impacto en la facturación.