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PostHeaderIcon El Gobierno de España anuncia la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad, aunque ya existe el INCIBE


Esta novedad en materia de ciberseguridad se enmarca en la adaptación de España a la nueva normativa europea NIS2, que pretende situar a todos los países en un mismo marco de protección y defensa cibernética. No obstante, el anuncio de este nuevo organismo ha suscitado dudas en cuanto a qué relación tendrá con otros organismos ya existentes, como son el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) o el Centro Criptológico Nacional.




El Gobierno anuncia la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad

El Gobierno ha anunciado la aprobación en primera vuelta de un nuevo proyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Seguridad, que incluye la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad que contribuya a asegurar la defensa ante ataques cibernéticos de sistemas estratégicos y esenciales del país, como son los sectores de energía, transporte, banca y mercados financieros, sanitario, agua, infraestructuras digitales y servicios tecnológicos, entidades de la administración pública e industria nuclear.


El anteproyecto se tramitará por vía urgente, para darle velocidad a un proceso que debería haberse completado antes del 17 de octubre de 2024, fecha límite que puso la Unión Europea para adaptar el marco de la NIS2 a las legislaciones nacionales.

Según comparten desde el Gobierno, el nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad será un órgano que se encargará de la dirección, impulso y coordinación del mecanismo y será la autoridad de gestión de las crisis de ciberseguridad que puedan producirse. Esto puede implicar que ostente una posición superior en la jerarquía de organismos relacionados con la ciberseguridad en España. No obstante, el INCIBE ya era el que se encargaba de cubrir a empresas de «sectores estratégicos», tal y como explican en uno de sus vídeos de presentación disponibles en YouTube, por lo que podría tener que ceder algunas de sus competencias al nuevo centro.

De esta forma, el Centro Nacional de Ciberseguridad podría encargarse exclusivamente de la ciberseguridad de las entidades más críticas, mientras que el INCIBE ofrezca soporte a empresas y pymes de todo tipo, así como a la sociedad en general con iniciativas de educación y prevención. Con todo ello, son muchos los organismos e instituciones que en España tienen algo que decir en materia de ciberseguridad, lo que explica la complejidad a la hora de coordinar todas estas entidades.

a nueva ley contemplada por el Gobierno detalla que, además del nuevo centro, otras autoridades que contribuirán a supervisar y ejecutar los planes de ciberseguridad son la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad; el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Equiparación a la norma europea

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este 14 de junio que el anteproyecto viene motivado en que «la cantidad, la magnitud, la sofisticación, la frecuencia y los efectos de los incidentes de naturaleza cibernética representan una grave amenaza para el funcionamiento de las redes y los sistemas de información».

Por ello, presentan este anteproyecto que tiene por propósito «mejorar nuestra preparación en materia de seguridad», así como acoplar el ordenamiento jurídico nacional a la normativa europea destinada a garantizar «un elevado nivel común de ciberseguridad en el conjunto de los países miembros de la Unión«.

La normativa europea obliga a las empresas u organismos considerados críticos para el Estado a tomar una serie de medidas para garantizar la seguridad. Una de ellas es llevar a cabo una evaluación individualizada de su riesgo, y poner en marcha actuaciones para garantizar y elevar los niveles de seguridad de sus redes y sistemas de información y prevenir el riesgo de incidentes. Por otro lado, están obligadas a notificar de incidentes detectados que puedan conllevar un riesgo significativo, tanto suyos como de proveedores externos. También tendrán que informar a sus clientes si se considera que sus datos pueden haber sido accedidos.


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