Probablemente, recuerdes el gran anuncio de 2023, donde el Gobierno, de la mano de Hispasat, prometió acabar de una vez por todas con la brecha digital en la España rural. Sobre el papel, el plan parecía redondo: una tarifa plana de 35 euros al mes para llevar conexión satelital de alta velocidad a cualquier rincón remoto del país.

Parecía la solución definitiva para conectar a los desconectados; sin embargo, si miramos los números dos años y medio después, la realidad es desoladora. El objetivo era llevar internet satelital a 1,3 millones de hogares y empresas; a día de hoy, apenas se han realizado 11.486 instalaciones.

Hablamos de una ejecución inferior al 1 %, donde el problema no ha sido la falta de satélites ni de tecnología, sino el diseño de un modelo de negocio que ha fallado en lo más básico, que no ha convencido ni a las empresas que debían venderlo ni a los usuarios que debían contratarlo.

Vender a pérdidas: por qué Movistar y Vodafone ignoran el plan estatal

Hispasat pone la infraestructura satelital, pero no tiene trato directo con el cliente; depende de operadores minoristas —como Movistar, Vodafone o pequeñas telecos locales— para comercializar el servicio, instalar la antena y facturarte a ti.

Aquí es donde las cuentas no salen, porque el precio para el usuario final está fijado por ley en 35 euros. De esa cantidad, la operadora debe pagar casi 17 euros a Hispasat por el servicio mayorista.

Al final, el margen restante es ridículo para cubrir los costes de atención al cliente, gestión de averías, facturación y soporte técnico. La consecuencia es lógica, ya que las grandes operadoras han optado por "esconder" esta tarifa subvencionada en el fondo de sus catálogos.

Les sale mucho más rentable venderte sus propias soluciones de 5G rural o radioenlaces FWA, donde controlan toda la infraestructura y retienen el 100 % del beneficio, en lugar de gestionar un servicio estatal que apenas les deja margen y les genera carga administrativa.

UNICO-Demanda Rural y el nacimiento de Conéctate35

En 2023, el Gobierno lanzó la convocatoria UNICO-Demanda Rural con el objetivo de garantizar banda ancha en zonas donde todavía no había redes de al menos 50 Mbps. El contrato principal recayó en Hispasat, hoy controlada por Indra, que recibió 76.3 millones de euros para desplegar una solución satelital de alta velocidad.

De esa convocatoria salió Conéctate35, la oferta de referencia, que prometió ofrecer conexión vía satélite inicialmente a 100 Mbps y posteriormente a 200 Mbps por 35 euros al mes, con precio regulado.

Cabe señalar que Hispasat no vende el servicio de forma directa; actúa como mayorista y se apoya en una red de más de 30 operadores minoristas —entre ellos Movistar— que son quienes comercializan el producto, instalan la antena y dan soporte.

El mensaje era claro, si en tu zona no llegaba la fibra ni una red 5G mínimamente estable, tendrías una alternativa subvencionada para navegar, teletrabajar o mantener tu negocio conectado a un precio estable.

Sobre el papel, el diseño del programa tiene sentido, pero el problema aparece cuando miras los números de negocios de quienes tienen que ir a tu casa a montar la instalación.

Entre la quiebra y la sombra de Elon Musk

Al desinterés comercial se ha sumado una tormenta perfecta en lo logístico y lo tecnológico. Y es que el plan sufrió un golpe crítico cuando Eurona, el operador que se perfilaba como el socio clave para ejecutar el 65 % de las altas, entró en concurso de acreedores.

Sin una red de instaladores capilar capaz de llegar a las aldeas, el despliegue se frenó en seco. Pero el verdadero tiro de gracia ha venido del cielo, y no precisamente de Hispasat.

La irrupción de Starlink, la compañía de Elon Musk, ha dejado obsoleta la propuesta estatal antes de que despegara. Se debe tener en cuenta la diferencia técnica, donde Hispasat utiliza satélites geoestacionarios (a 36.000 km de altura), lo que implica una latencia alta y un retardo notable en la conexión.

Starlink opera en órbita baja, ofreciendo una experiencia similar a la fibra óptica. El usuario rural, ante la duda, ha preferido pagar un poco más por un servicio que funciona con agilidad en lugar de atarse a una tecnología subvencionada pero técnicamente inferior.

La ineficiencia del programa ha tenido una consecuencia contable inevitable, donde Hispasat se ha visto obligada a devolver 22 millones de euros de las ayudas recibidas, de los cuales no han podido gastarlos porque no había demanda que atender.

Este reintegro es la prueba palpable de que regar un sector con subvenciones públicas no garantiza el éxito si el producto subyacente no es competitivo en el mercado libre.

No cabe duda de que se intentó forzar una demanda artificialmente mediante el precio, ignorando que la calidad del servicio y la viabilidad para los intermediarios, que son factores igual de decisivos.

Mientras el Gobierno diseñaba pliegos y aprobaba partidas presupuestarias para una solución satelital clásica, el mercado privado ya estaba desplegando constelaciones de baja órbita y redes 5G que solucionaban el problema de forma más eficaz.

El plan UNICO-Demanda Rural se diseñó en despachos desconectados de la realidad comercial del campo. Al final, el usuario ha dictado sentencia, porque prefiere una tecnología rápida y privada a una subvencionada y lenta.